Tras caso Tadeo, organizaciones presentan queja ante CNDH

Ciudad de México.- Alrededor de 20 organizaciones de la sociedad civil presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que intervenga en las investigaciones sobre el hallazgo del cuerpo de Tadeo en el penal de San Miguel.
A través de un comunicado, las agrupaciones lideradas por Reinserta, informaron que el 28 de enero presentaron una queja formal ante la CNDH, a efecto de que ejerza la facultad de atracción para conocer lo ocurrido en el caso de Tadeo, pues señalaron que han pasado 21 días desde este acontecimiento y aún hay muchas preguntas al respecto.
“Organizaciones de la sociedad civil presentaron el viernes 28 de enero del presente año una queja formal ante dicha instancia, a efecto de que ésta ejerza la facultad de atracción para conocer lo ocurrido con el caso del bebé Tadeo, ya que es un asunto interestatal al involucrar al estado de Puebla y Ciudad de México”, se lee en el documento.
Asimismo, detallaron que se han recibido denuncias anónimas por parte de familiares y personas privadas de su libertad que por motivo de las investigaciones por el caso y los cambios de directivos en el Centro Penitenciario están siendo torturados y objeto de violaciones a sus derechos humanos para obtener información.
Además, señalaron que la destitución de servidores públicos no es suficiente para hacer justicia sobre el caso, pues los hechos violan los derechos humanos de Tadeo, sus padres, de las personas detenidas e investigadas, los de las personas privadas de la libertad, así como de las y los defensores de derechos humanos.
“Exhortamos a la sociedad mexicana a no olvidar el caso de “Bebé Tadeo” pues la exigencia para salvaguardar los derechos humanos no debe ser minimizado a un acto de “protagonismo”, como lo mencionó la presidente de la CNDH”.
El desplegado fue firmado por Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta; Paola Zavala Saeb, de OCUPA Organización Comunitaria por la Paz; María José Martínez Parente, cofundadora de La Bola; Yadira Itzayana Borge Martínez, Coordinadora General del Colectivo Derecho sin Barreras; Jimena Cándado Conesa, directora de Reintegra.
Así como Daniela Ancira Ruiz, fundadora de La Cana; Adriana Leyva, fundadora de Mujeres Unidas X la Libertad; Eunice Rendón Cárdenas, de RED VIRAL; Miroslava Ortiz Flores, del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad; Javier Carrasco Solís, del Instituto de Justicia Penal; Luis Guillermo Ucha Cabada, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho.
Por último, Daniela Serrano de Regil, fundadora de Interculturalidad, Salud y Derechos; Paulina Elsa Zepeda García, representante de Red Viral Ciudad de México; Simón Hernández de León, coordinador de la Clínica Jurídica “Minerva Calderón”; Roberto Alonso Muñoz, coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática; Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. de la Universidad Iberoamericana de Puebla; Colectivo Artístico Proyecto 21; SuperArte; Juan Martín Pérez García, Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y Marco Lara Klahr, Nuevo Periodismo para la Justicia.
Sobre este caso, cuatro de los 21 detenidos por el caso del bebé Tadeo fueron puestos en libertad; al resto, 17, se les dictó auto de vinculación a proceso por lo que permanecerán en prisión.
Tras una larga audiencia que inició la mañana del domingo y concluyó la madrugada de este lunes, el juez que conoció del caso halló suficientes elementos de prueba para considerar que 17 de los 21 asegurados, podrían ser responsables de los hechos que se les imputa.
Por lo anterior dictó auto de vinculación a proceso para esos detenidos. No obstante, en el caso de cuatro, tres mujeres y un hombre, no encontró elementos que supusieran o sustentaran su responsabilidad por lo que dictó auto de no vinculación a proceso y ordenó su inmediata libertad.
Para los que quedaron sujetos a investigación por los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones, así como encubrimiento, el juez de la causa ordenó que sobre ellos prevaleciera la medida cautelar de prisión preventiva necesaria o justificada.