Cuauhtémoc Blanco denuncia a supuestos narcopolíticos en Morelos

Ciudad de México.- Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, presentó este lunes una denuncia de hechos ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República contra los supuestos narcopolíticos que, dijo, quieren desestabilizar su gobierno.
Aunque aseguró que la denuncia es contra varios políticos de administraciones locales pasadas y actuales, señaló específicamente al exgobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez; al es secretario de seguridad del estado, Jesús Alberto Capella Ibarra, así como los actuales fiscales general y anticorrupción de la entidad, Uriel Carmona Gándara y Juan Jesús Salazar Núñez, respectivamente.
Blanco Bravo también informó que, como elementos de prueba, entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) audios donde supuestamente Graco Ramírez y Juan Alberto Capella pactan con Santiago Mazari Hernández, “El Carrete”, líder del grupo criminal “Los Rojos”, preso desde abril de 2021 en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 “CPS-Durango”, por el delito de delincuencia organizada.
El llamado “último ídolo del barrio” afirmó que en esta “guerra sucia en su contra” hay jueces, policías, alcaldes y legisladores que han pactado con el crimen organizado.
“Son personajes que le han hecho mucho daño al estado. Esta gente pagaba campañas a mucha gente para poderlos meter como políticos. “No voy a permitir que estos personajes destruyan mi imagen”, recalcó. Aseguró que no tiene miedo y que siempre va estar “dando la cara”.
“Que no se equivoquen estos narcopolíticos. Vamos a darle paz a esa gente de Morelos que tanto ha sufrido”, manifestó.
En tanto, el consejero jurídico del gobierno de Morelos, Samuel Sotelo, puntualizó que la denuncia que se presentó es para deslindar responsabilidades y está dirigida contra “quienes resulten responsables” de estos hechos de supuestos vínculos con la delincuencia organizada.
Recientemente, el grupo de 11 legisladores que representan la oposición en el Congreso de Morelos, dio otro paso en el intento de fincar un juicio político al gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por los presuntos vínculos que tendría con jefes de grupos criminales.
El llamado G-11 del Congreso de Morelos presentó una solicitud formal a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción para que de manera individual, inicien una investigación al gobernador Cuauhtémoc Blanco por presuntos vínculos con líderes de la delincuencia organizada en el estado.
El pasado 4 de la enero se publicó una fotografía en la que se muestra al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco al lado de tres supuestos líderes de la delincuencia organizada, imagen que fue extraída con base en la información publicadas, del teléfono móvil de Rosario “N” o Esther Yádira “N”, alias “La Jefa” detenida en el mes de noviembre en el poblado de Oaxtepec, municipio de Yautepec.
En los oficios presentados y firmados por 11 de los 20 diputados locales de Morelos, aseguran que “distintos grupos sociales organizados de la sociedad civil, nos han requerido para que exijamos a las autoridades correspondientes que se realicen las investigaciones necesarias”.
La petición a las tres dependencias es para que “con base en sus facultades constitucionales y legales, se lleve a cabo la investigación que en derecho corresponda y se realicen cuantas diligencias sean necesarias, para determinar las circunstancias bajo las cuales tuvo lugar la multicitada fotografía y en su caso, determinar o deslindar responsabilidades en qué pudiera haber incurrido el hoy titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Lo anterior, en razón de que como se ha hecho del dominio público, a través de la prensa local, nacional e internacional, el gobernador Cuauhtémoc Blanco aparece en la citada fotografía acompañado de presuntos delincuentes, quienes pudieran encontrarse relacionados con delitos del fuero común y federal dentro del Estado de Morelos, y cuyos nombres se han mencionado ampliamente”.
El bloque de diputados que realizó la solicitud pidió también a las tres dependencias, les informen si a la fecha se ha iniciado alguna carpeta de investigación relacionada con la denuncia que realizan.
La respuesta de las autoridades de procuración de justicia locales y federales, serviría al Legislativo para acumular evidencias que pudieran llevar a la eventual integración de un expediente de juicio político en contra del mandatario, intención que ha sido expresada ya por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Legislativo, Julio César Solís, en diversas entrevistas a medios locales y nacionales.