Analizan en Congreso endurecer castigos por uso de drones en delitos de robo, despojo y abigeato
- Ventura Rojas Garfias
- 27 junio, 2026
- Estado de México
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Toluca, Méx.- La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México analizará, junto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), una iniciativa que busca incrementar las sanciones contra quienes utilicen drones para vigilar, obtener información o planear la comisión de delitos como abigeato, despojo y robo.
En reunión de trabajo, congresistas coincidieron en la necesidad de actualizar el marco legal ante el uso de nuevas tecnologías con fines delictivos.
La propuesta, presentada por la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, plantea reformar el Código Penal estatal para considerar como agravante el empleo de aeronaves pilotadas a distancia en la preparación o ejecución de estos ilícitos.
La legisladora explicó que las modalidades delictivas han evolucionado y que herramientas tecnológicas como los drones pueden facilitar la vigilancia de personas, propiedades y actividades, permitiendo a los delincuentes obtener información estratégica antes de cometer un delito.
Además de endurecer las penas, la iniciativa contempla que la FGJEM diseñe y aplique un protocolo especializado para el manejo y resguardo de la información obtenida de estos dispositivos, con el propósito de garantizar la legalidad de las pruebas y evitar afectaciones al debido proceso.
Mientras que la presidenta de la comisión, diputada, Emma Álvarez Villavicencio, señaló la importancia de perfeccionar la redacción de la propuesta para distinguir claramente entre los delitos de robo y abigeato, ya que se trata de figuras jurídicas distintas. También consideró necesario establecer mecanismos precisos para acreditar el uso de drones y asegurar que la evidencia recopilada sea válida ante los tribunales.
Y la diputada Miriam Silva Mata planteó la posibilidad de ampliar la reforma para incluir otros delitos en los que también se utilicen estas tecnologías, al considerar que su empleo con fines ilícitos no se limita a los casos actualmente contemplados.
De aprobarse la iniciativa, las penas por abigeato podrían incrementarse hasta 27 años de prisión y 450 días multa cuando se acredite el uso de drones. En el caso del despojo, las sanciones podrían alcanzar hasta 25 años y seis meses de cárcel, además de multas de hasta mil 500 días. Para el delito de robo, la pena máxima ascendería a 18 años de prisión y 450 días multa.
El proyecto establece que estas agravantes se aplicarían cuando los drones sean utilizados para observar el comportamiento de personas, recopilar información sobre bienes públicos o privados, o realizar tareas de vigilancia destinadas a facilitar la comisión de delitos.
