Aprueban Ley de Justicia Cívica en EdoMéx

Toluca, Méx.- Las y los integrantes de la LXI Legislatura avalaron la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) para crear la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y Municipios, con el objetivo de que la ciudadanía viva de manera armónica y resuelva, de forma pacífica, los conflictos del día a día.

Con dicha ley se podrán atender conflictos vecinales que se generan por la convivencia diaria.

La diputada del tricolor, Karla Aguilar Talavera, dijo que con esta ley se contribuye a generar un ambiente de respeto, armonía y cohesión social entre los mexiquenses.

Y que, la Justicia Cívica, se traduce como la resolución de conflictos que surgen entre personas como parte de la convivencia cotidiana, lo que va desde el ruido provocado por una fiesta durante la madrugada, hasta el acumular basura afuera de un domicilio o pasear a un perro sin las medidas de seguridad e higiene, entre otros.

Con esta aprobación, las Oficialías Mediadoras Conciliadoras municipales se van a convertir en Juzgados Cívicos que contarán con mayores elementos y atribuciones para sancionar las infracciones administrativas que actualmente contemplan los Bandos Municipales, además estarán integrados por juez cívico, secretario, facilitador, médico y psicólogo.

Asimismo, se logra una economía procesal al desahogar los asuntos en una sola audiencia y de manera formal, pasa de un enfoque de sanción a uno basado en la reparación y construye soluciones duraderas, así como de común acuerdo.

Y destacó que, esta ley es acorde al Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México y contiene ajustes y actualizaciones con base en las experiencias de los municipios que ya han implementado este modelo en el Estado de México.

El dictamen aprobado fue resultado de la propuesta de la bancada de Morena y de la fracción del PRI, y que se da en respuesta a una de las principales demandas de terminar con los abusos de las autoridades municipales, quienes de manera arbitraria sancionan conductas que no necesariamente eran faltas o hacen oídos sordos a denuncias ciudadanas.