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Medidas Cautelares Garantizan Protección a Víctimas

Toluca, Méx.- Las medidas cautelares tienen el objetivo de proteger a las víctimas de un delito, así como garantizar que un imputado evite evadir la acción de la justicia, por lo que es necesaria la coordinación adecuada de los ámbitos de gobierno municipal, estatal, así como del Poder Judicial, aseveró Lawrence Eliseo Serrano Domínguez, director general de la Administración de Juzgados del Sistema Penal Acusatorio.

Durante su participación en la primera reunión de Unidades Jurídicas Municipales en el Marco del Mando Único, Serrano Domínguez explicó que en el Sistema Penal Acusatorio, las medidas sólo pueden ser impuestas por un juez de control, a diferencia de lo que sucedía con el sistema penal tradicional.

Para eficientar su funcionamiento –destacó- fue creado el Centro Estatal de Medidas Cautelares (Cemeca), el cual vigila que éstas sean cumplidas en los términos establecidos por la autoridad judicial.

Serrano Domínguez afirmó que cuando se advierta que una medida está siendo incumplida, las autoridades municipales no deben detener al imputado; sin embargo, debe ser documentado en tiempo, lugar y modo para que un juez determine si sustituye lo establecido previamente, a fin de proteger a la víctima.

Al respecto, el Cemeca tendrá que informar y solicitar el apoyo de las unidades jurídicas y de seguridad pública municipales, con la finalidad de vigilar que la medida cautelar se cumpla como lo estableció el juez de control.

En este sentido, el director general de la Administración de Juzgados del Sistema Penal Acusatorio apuntó que las medidas están sujetas a los principios de excepcionalidad, pues se deben imponer sólo si son necesarias; temporalidad, ya que no deben exceder de dos años; mutabilidad, puesto que pueden ser sustituidas; así como de proporcionalidad, esto es, que será aplicada en relación directa con la posible conducta delictiva y no restringir los derechos del imputado.

Entre las medidas que una autoridad puede establecer se encuentra la restricción de ingresar a domicilios, acercarse a personas, asistir a diversas actividades sociales, no salir del país, la ciudad o el estado; la presentación periódica ante un juez o una autoridad municipal; además, la garantía económica o la prisión preventiva, así como la suspensión condicional del proceso a prueba, misma que busca dar por finalizado un proceso judicial de una forma más rápida.

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