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Grupo Violento Allana Oficinas de la UPC

Por: Eduardo Muñoz

La Paz, Méx.- Apoyadas por un grupo político catalogado aquí como invasor y violento, dos hermanas y sus acompañantes allanaron las oficinas de Unificación de Pueblos y Colonias, en el centro de la cabecera, lo que ocasionó una trifulca de la que resultaron varios lesionados con golpes leves.

Los hechos se produjeron durante la mañana de ayer martes, cuando varios sujetos intentaron desalojar por la fuerza a los ocupantes de la UPC, cuyas oficinas se encuentran en la esquina de Av. Morelos y Av. Puebla, junto al palacio municipal, el cual ocupan desde hace muchos meses. Los invasores argumentaban que la propiedad era suya, y no dudaron en emplear la violencia para “demostrar su verdad”.

Entrevistada sobre el particular, la directora de Desarrollo Urbano del ayuntamiento y dirigente de la UPC, Alicia Neyra Ortiz, dijo a “El Valle” que los activistas que llegaron buscándola a ella para agredirla, son bien conocidos en el municipio, ya que generalmente pretenden arreglar los conflictos a golpes y “sombrerazos”, pasando incluso sobre el Estado de Derecho.

Manifestó que las querellantes son sus medias hermanas, María Guadalupe y María Fernanda, de apellido Neyra, quienes intentaron invadir un bien inmueble del que ella es albacea, en tanto que su hermano, Jesús Neyra Ortiz, es el verdadero propietario porque posee el fallo y la ejecutoria de un juicio de usucapión, y actualmente lleva a cabo el proceso de inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de México.

Señaló la funcionaria que no por ser servidora pública carece de derechos sobre los bienes inmuebles que le dejó su padre, quien murió hace tres años.

Subrayó que por esta arbitrariedad de sus medias hermanas y sus acompañantes, inició un juicio por allanamiento de morada ante el Ministerio Público de la localidad. Ahí, desafortunadamente, la encargada de turno, Miroslava Domínguez, de forma grosera y prepotente ordenó poner sellos de clausura en el inmueble.

Neyra Ortiz, abogada de profesión, lamentó que la representante social se tomara atribuciones propias de un juez de control. Por fortuna, gracias a la mediación de autoridades del Partido Revolucionario Institucional y del agente del MP del siguiente turno, se llegó al acuerdo de reabrir las instalaciones y de continuar el juicio de propiedad en un Juzgado Civil.

La servidora pública fustigó que grupos violentos aprovecharan el sainete para llevar “agua a su molino” e intentaran hacer un “circo” de la situación, que es meramente privada. “Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y en este municipio nadie puede imponer sus razones mediante el uso de la fuerza”, añadió.

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