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SE PUBLICA LA LEY PARA PREVENIR Y ATENDER EL ACOSO ESCOLAR EN EL ESTADO DE MÉXICO. El pasado jueves 25 de enero de 2018, en la secc. XI de la G. de G. se publicó el Decreto Número 287 del Poder Legislativo por el que se expidió la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el Estado de México.

Del texto de la ley se destaca lo siguiente:

Se pretende fomentar e implementar programas estatales de coordinación interinstitucional para prevenir, detectar, atender y eliminar el acoso escolar, dándole intervención a las autoridades ante los casos de acoso escolar anteponiendo el interés superior del niño, el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos; la prevención del acoso, no discriminación, interdependencia, igualdad, resolución no violenta de conflictos y la coordinación interinstitucional en el que la comunidad educativa, es decir, los estudiantes, el personal docente, directivos escolares, personal administrativo, padres de familia y tutores promuevan la cultura de la paz rechazando el acoso en todas sus formas en contra del o de los receptores de acoso escolar; es decir, cualquier forma de actividad violenta dentro del entorno escolar tales como el propio acoso, abuso verbal y físico que atente contra la dignidad de la comunidad educativa, generando repercusiones físicas, emocionales, morales y sociales indeseables.

La ley le atribuye facultades en la materia al Gobernador del Estado, a través de la Secretaría de Educación y a las autoridades que la Ley de Educación del Estado de México reconoce, así como las secretarías de Salud, Desarrollo Social, Seguridad, el DIFEM, la Fiscalía General de Justicia del Estado, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México así como los 125 Ayuntamientos.

En esta ley se incorpora la definición, características y modalidades del acoso escolar, debiéndose entender como acoso escolar la conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder ya sea física, de edad, social, económica entre otras que se ejerce entre alumnos y en el entorno escolar, con el objeto de someter, explotar y causar daño con cierto grado de persistencia de dichas acciones de forma reiterada, cuya duración va desde unas semanas hasta a meses, a través del acoso físico directo e indirecto; psicoemocional, verbal, cibernético y sexual cuando se produzca dentro de las instalaciones de un plantel educativo, sus inmediaciones o en donde se tengan una relación por la pertenencia al mismo plantel o a planteles educativos distintos o se lleve a cabo durante una actividad escolar a cargo de un plantel educativo o al interior de un vehículo de transporte escolar.

Por otro lado, la persona receptora del acoso escolar tiene derecho a que se le respete a su integridad y derechos por la comunidad educativa y las autoridades competentes, ser protegido inmediata y efectivamente por las autoridades estatales cuando se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita y en caso de riesgo grave, a medidas tendientes a salvaguardar su integridad física y dignidad.

Por su parte, el acosador también tiene derecho a ser tratado con respeto y el ejercicio de sus propios derechos, y a ser protegido inmediatamente cuando se convierten en receptores de acoso en otros contextos.

El personal docente, administrativo y directivo escolar, se hará acreedor a diversas sanciones cuando tolere y permita el acoso escolar o cuando no intervenga en casos de acoso escolar según lo señalado en el Protocolo, entre otros.

Es de notarse que en el transitorio tercero señala que el Protocolo a que se refiere dicha ley, deberá emitirse dentro de los treinta días hábiles a partir de que la ley entre en vigor, es decir, posteriores al 13 de marzo de 2018.

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