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ASPIRANTES BIEN EVALUADOS, NOTARIOS INOBJETABLES. Como es sabido, el nombramiento de notario público en la entidad es una facultad atribuida al Gobernador del Estado por la fracción trigésima séptima del artículo 77 de la Constitución Política local.

Hace ocho días comentaba en esta misma columna que en algunos medios de comunicación se había criticado el reciente nombramiento (secciones varias de la Gaceta del Gobierno del 14 de julio de 2017) de algunos de los fedatarios que provisionalmente actuarán en el Estado de México, principalmente por sus filias, filiaciones y fobias.

Este hecho incluso tuvo repercusiones políticas al interior del partido acción nacional, particularmente por el nombramiento de la notaria provisional número 189 del Estado, Lorena Gárate, hija de Francisco Gárate Chapa, que obligaron al relevo de éste como su representante ante el Instituto Nacional Electoral; similar caso el de Luz María Alatorre Carbajal, esposa de Ulises Ramírez Núñez, otro activo miembro de este instituto político que mediante un comunicado de prensa se deslindó particularmente por éstas dos deferencias del Ejecutivo provenientes de la fuente constitucional estatal.

Lo que me generó otra inquietud más: conocer meridianamente los antecedentes meramente académicos de los recién nombrados notarios, surgiendo algunas mayúsculas sorpresas al respecto.

Tres de ellos obtuvieron el título de la licenciatura en derecho por la Universidad Anáhuac: Alejandro Agundis Arias, Marcelo Rossetto Armida y Héctor Javier Astudillo Calvo. Por la Universidad Nacional Autónoma de México, Luz María Alatorre Carbajal, quien cuenta con una Maestría en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Lorena Gárate Mejía estudió en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y obtuvo su cédula profesional en el año 2015. Mario Alfredo Jaramillo Manzur obtuvo su título por la Universidad Autónoma del Estado de México y su cédula profesional le fue expedida en 2013, cuenta además con una maestría en derecho procesal penal así como una especialidad en juicios orales, ambos por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Erasto Martínez Rojas obtuvo la licenciatura por la Universidad CUGS, campus Cuauhtémoc y su maestría por la UNAM. Francisco Xavier Borrego Hinojosa Linage cursó su carrera en la Escuela Libre de Derecho. En la Universidad Iberoamericana realizaron sus estudios Gustavo Fernández Sauri y Beatriz Mercedes Corona Mercado, quien apenas obtuvo su cédula profesional en este año 2017.

Para verificar todos estos casos la semana anterior consulté la -para mí- confiable página electrónica del Registro Nacional de Profesionistas “http://www.cedulaprofesional.sep.gob.Mx

/cedula/indexAvanzada.action”

Una fe de erratas a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal publicada en la Gaceta del Gobierno del lunes 24 de julio salva de suspicacias jurídicas el nombramiento de Ricardo Giovann Arredondo Lino como notario público número 188 del Estado de México. Se aclaró que el nombre correcto es Giovann, no “Giovanni” como había sido publicado su nombramiento en la Gaceta del 14 de julio, por lo que en el referido Registro aparecía como que Ricardo “Giovanni” no contaba ni con título ni cédula profesional.

Una consulta que realicé por la mañana de éste martes 25 a la citada página electrónica tras la referida fe de erratas brinda el atesto que el notario público provisional 188 obtuvo su cédula profesional en el año 2012 y académicamente se formó en el Centro Universitario para el Desarrollo Empresarial.

La hipótesis más cándida que puedo formular respecto a los nombramientos de Gárate Mejía, Jaramillo Manzur y Corona Mercado es que estos se dan en el marco de las reformas de la ley sustantiva de la materia del 6 de septiembre del año próximo pasado, sin embargo ¿cómo puede evaluarse el desempeño profesional de los cinco años de experiencia profesional que se exige y establece en los artículos 11 fracción tercera, 13 y 14 de la Ley sustantiva en relación directa a lo que se señala en los artículos 8, particularmente en su fracción tercera y 14, especialmente en la fracción segunda, del Reglamento de la Ley del Notariado sin acreditar dicha antigüedad de la patente para el ejercicio profesional a que se refiere el artículo 5° de la Constitución General de la República? y aún más, si el Reglamento de la Ley del Notariado sigue en espera de las reformas inherentes que los artículos transitorios de la ley de la materia mandataron aquel recordado septiembre de 2016.

Sígueme en Twitter: @sgvarelamaya.

 

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