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Consejo Ciudadano Anticorrupción Recibe Denuncias de Todas las Instancias: Martínez

Nota: Laura A. Velásquez

Toluca, Méx.- Al Consejo Ciudadano Anticorrupción del Estado de México le toca recibir las quejas o denuncias acerca de todos temas que tengan que ver con hechos de corrupción y responsabilidad administrativa que se generen, así lo señaló, el presidente del mismo, José Martínez Vilchis, quien enfatizó que en caso de que haya una denuncia sobre actos de corrupción en la máxima casa de estudios lo llevarán hacia las instancias correspondientes.

En entrevista, Martínez Vilchis comentó que desafortunadamente la universidad ha perdido credibilidad en la esfera nacional como resultado de lo ocurrido en casos como la estafa maestra y acusaciones que las autoridades judiciales no han comprobado, castigado o sancionado esto en caso de determinar que sí registraron irregularidades, sin embargo, no se ha registrado un avance para que en todo caso, recupere la credibilidad.

“Es bueno que informe, que comunique y haga saber a la sociedad qué es lo que está sucediendo para que las cosas se aclaren”, añadió.

A este caso, Martínez Vilchis aceptó que no han recibido denuncias pero sí, comentarios sobre la integración del órgano interno de control que “es la figura equivalente al contralor, donde todos los órganos autónomos que incluye la universidad deben permitir que otra instancia ajena a ellos, los nombre”, por lo que dijo, hay polémica.

Señaló que la universidad y los demás órganos autónomos deben acatar la disposición que la ley establece, debido a que ellas mismas reciben dinero que es público, por lo tanto deberían ser auditadas de manera externa, aunado a que los contralores no deben ser nombrados por ellos mismos, debido a que son juez y parte.

El exrector de la casa verde y oro, aseguró que con este tipo de disposiciones no se pierde la autonomía de la universidad debido a que el término se aplica a cuestiones académicas, administrativas, de elecciones internas, por lo tanto, sigue intacta y perfecta, por lo que por admitir una disposición de ley no se violenta ninguna parte de la autonomía, simplemente se está solicitando que los recursos públicos de la gente sean revisados, afirmó.

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