Avalan Nombramiento de 5 Magistrados Anticorrupción

Por: Ventura Rojas Garfias

Fotografía: Jaime Arriaga

Toluca, México.- En Comisiones Legislativas de la Legislatura mexiquense, fue avalado el nombramiento de cinco magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de México, quienes tendrán la encomienda de sancionar aquellos servidores públicos y particulares que cometan alguna falta administrativa  en la entidad.

Los diputados locales coincidieron en la necesidad de terminar con prácticas de corrupción, como “moches”, “diezmos” y advirtieron que el reto para los nuevos magistrados será mayor.

El diputado local Raimundo Guzmán Corroviñas, dijo que  es claro que las personas que fueron nombradas como magistrados traen una trayectoria profesional  y que cumplen con los requisitos; aunque vamos a estar al tanto  de la evaluación de los nombramientos que se hagan y en el ejercicio de su cargo y no se va a tolerar que en el ejercicio de su  cargo se desapeguen al compromiso que están haciendo públicamente de independencia y autonomía y que no sea un tribunal  de simulación; sino que combatan  a la corrupción.

Asimismo Guzmán Corroviñas, dijo que le da mucho gusto el hecho de que en el Estado de México se esté llegando a consensos en los nombramientos para quienes integraran todo el sistema  anticorrupción  a diferencia de lo que pasa en la cámara federal.

Por lo que diputados de las fracciones  del PRI, PRD, PAN, Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, PVEM avalaron los nombramientos del excomisionado de Derechos Humanos, Baruch Delgado Carbajal; el ex secretario del juzgado tercero de distrito Víctor Alfonso Chávez López; la ex subprocuradora, Teresita del Niño Jesús Palacios Iniesta, el ex magistrado administrativo, Luis Octavio Martínez Quijada; así como la ex magistrada del Poder Judicial, Alberta Virginia Valdés Chávez quienes formaran parte del Tribunal de Justicia Administrativa.

Los magistrados quienes serán avalados el día de hoy en pleno camaral, tendrán a su cargo resolver las controversias que se susciten entre la administración pública, estatal y municipal, organismos auxiliares  con funciones de autoridad y los particulares de igual forma impondrá sanciones a las y los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos  graves, así como fincar el pago de las responsabilidades  pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios  que afecten a la hacienda  pública, estatal y municipal.

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