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Aspirantes a Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa  en Análisis

Por: Ventura Rojas Garfias

Fotografía: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Integrantes de la  Junta de Coordinación Política de la 59 Legislatura mexiquense, que preside el diputado Cruz Roa Sánchez se entrevistaron con  los 5  aspirantes a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México para que el día de hoy  en comisiones  legislativas  continúen los trabajos de análisis de los perfiles  profesionales de cada uno de los aspirantes.

Este día los diputados integrantes de la  comisión de gobernación y puntos Constitucionales, estarán analizando cada  una de las 5  propuestas que envío el  representante del poder ejecutivo  pues estos son designados por  el gobernador  y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes de la Legislatura lo cual podría estar dándose este jueves en sesión del pleno camaral.

Por lo que como parte del proceso para designar a los integrantes de la sala superior y dos salas regionales de este órgano autónomo, la entrevista fue a Baruch Delgado Carbajal, Víctor Alfonso Chávez López, Teresita del Niño Jesús Palacios Iniestra, Luis Octavio Martínez Quijada y Alberta Virginia Valdés Chávez, quienes estarán en ese cargo durante 10 años improrrogables.

La integración de este  Tribunal de Justicia  Administrativa, es parte del Sistema Estatal Anticorrupción y  está dotado de plena autonomía para dictar sus fallos  y ejercer su presupuesto, su organización, funcionamiento, procedimientos  y en su caso recursos contra sus resoluciones.

Por lo que este Tribunal, conocerá y resolverá de las controversias que se susciten entre la admiración, pública, estatal y municipal, organismos auxiliares  con funciones de autoridad y los particulares, de igual forma impondrá sanciones a las y los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos  graves, así como fincar el pago de las responsabilidades  pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios  que afecten a la hacienda  pública, estatal y municipal o al patrimonio de  entes públicos locales y municipales.

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